De la gloria a la nada...

Por Damián Duarte //


Génesis de una decadencia    



Las empresas estatales han sido, a lo largo de la historia, punto clave de debates en la sociedad argentina. La actual crisis en la que se encuentran, forma parte del apogeo de un deterioro ocasionado por el acarreo de sedimentos de las malas administraciones, ejecutadas por gobiernos de tendencia neoliberalista.

Las compañías pertenecientes al Estado tienen como fin último brindar parte de sus ganancias a la inversión en la sociedad, es decir, destinar sus ingresos a la mejora de las escuelas, los hospitales y demás beneficios sociales que incluyan a los ciudadanos como dignos perceptores.

Los anales de la historia argentina muestran un cierto magreo, tanto a los recursos naturales de la Nación, como a las organizaciones que los explotan, con el único objetivo de extraerles hasta la última gota de rentabilidad, para luego, al no ser considerada provechosa, cederla al sector privado.

A pesar de poseer todos los suelos, climas, recursos y materias primas, acompañados por un alto desarrollo científico, nuestro país tiene en la actualidad más de 1/3 de la población en condiciones de pobreza. El proceso de privatización (principal causa del índice antes nombrado), que se inició en la década del `70, ha generado una enorme cantidad de concesiones de los recursos naturales a los grandes magnates multinacionales, lo cual trae implícita la posibilidad de recuperación del patrimonio ya que no fueron vendidas y permite mantener viva la esperanza de una patria grande.

El virulento neoliberalismo focalizado en los `90 impulsado por Estados Unidos, llevó en sí mismo el germen de la desindustrialización iniciado en 1970, cuando según la potencia norteamericana, Argentina y Chile debían desarticular su industria para convertirse en proveedores de materias primas.

El Estado, cuyo deber es salvaguardar los derechos de los ciudadanos, ha sido victima de las malas maniobras de los funcionarios argentinos dispuestos a sumirse a las multinacionales en vez de defender a su país, contrayendo así una deuda basada en irregularidades como, por ejemplo, la ilegitimidad del gobierno que la contrajo.

La privatización de YPF, ha marcado un hito entre los errores más groseros de las conducciones neoliberales, dando lugar a graves consecuencias afloradas en los años posteriores.



YPF: Retrospectiva del despojo


Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creada en el año 1922 por el presidente Hipólito Yrigoyen y presidida por el General Mosconi, representó la más importante fuente de recursos petrolíferos de nuestro país por varias décadas. Su expansión y exploración fomentó la industrialización del país avalando el proceso de sustitución de importaciones, generando así una serie de avances que dieron lugar a una sucesión de políticas de planificación energética que posibilitaron una gran evolución en el mercado interno.

La explotación del petróleo se inició bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña durante el año 1910 gracias a la cual se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia. Esto significaba un gran progreso económico debido a que este combustible reemplazaba al carbón importado de Gran Bretaña. Durante el año 1922, ya con Yrigoyen como presidente, debido a irregularidades en la venta del crudo, se reestructuró la Dirección General de Explotación del Petróleo reemplazándola por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la cual meses más tarde asumiría Mosconi como Director General.

Mosconi, partidario de la independencia económica y de la industrialización, notó la falta de agua en los yacimientos y la reducida capacidad de las destilerías de Comodoro y Neuquén. Como respuesta a esto y dentro de sus más acertadas medidas se llevó a cabo la electrificación de los yacimientos, la adquisición de barcos petroleros, remolcadores y la construcción de la destilería en La Plata, una de las más grandes del mundo en capacidad de esa época. En paralelo al proyecto de Comodoro se realizaron exploraciones en el resto de la provincia de Neuquén, llegando así a pueblos como Plaza Huincul y Cutral-Có produciendo un gran desarrollo y crecimiento entre sus habitantes, así como también se logró la expansión de las redes ferroviarias logrando un gran avance en materia de transporte.

Durante la presidencia de Perón se sostuvo que YPF no podría abastecer al incesante proceso de industrialización que atravesaba el país, debido a que carecía de tecnología, personal y capacidad. A causa de esta problemática se llego a importar casi el 50% del combustible utilizado. La contrariedad se agravó y el presidente debió entablar negociaciones con Shell, Esso, Standard Oil of California, Petrogas, Petroargentina, Tipsa y Petrofina. El fin de este proyecto era ofrecerle a las empresas la exploración en zonas de riesgo minero, concentrando la de YPF en lugares asegurados. Las empresas debían invertir cerca de 20 millones de dólares en los primeros años y en el caso de no encontrar petróleo se retirarían perdiendo la inversión, en caso de hallar combustible se debía entregar a YPF para su destilación. Esta idea llevaría al autoabastecimiento del país, pero el procedimiento se vió frustrado por el golpe de 1955 que impidió la aprobación en las cámaras del Congreso.

En el año 1973, se produjo una de las grandes crisis del capitalismo, lo que contrajo un fuerte aumento en el precio del petróleo y una fuerte recesion en Estados Unidos y parte de Europa. El motivo de la crisis fue que no se encontraban posibilidades de inversión para las ganancias que otorgaba el petróleo, por ende los bancos, excedidos de dinero, debieron pagar más intereses al dinero depositado que el que les ingresaba.

Durante la última dictadura militar argentina se caracterizó por el engrosamiento de su deuda. La deuda externa argentina creció de menos de 8.000 millones de dólares a más de 170.000 millones provocando la ruina de sector público y orientándolo hacia la privatización. Antes del golpe de 1976, la deuda de YPF era de aproximadamente 300 millones de dólares y al finalizar la dictadura superaba los 6.000 millones, provocando así el despido de 15.000 trabajadores de los casi 50.000.

La década del `90 encontró al país profundamente empeñado y bajo el acecho de un salvaje neoliberalismo con el presidente Carlos Menem a la cabeza y bajo el lema de que “todo lo que pertenezca al Estado no permanecerá en manos del Estado”. El “endeudamiento” y la “no rentabilidad” de las empresas estatales fueron la bandera de este nuevo gobierno, que no escatimó excusas a la hora de entregar el patrimonio del Estado a las monopólicas multinacionales. La ola de privatizaciones sumergió al país en un literal saqueo extranjero. El presidente encargó a la compañía Merryl Lynch la tasación de YPF, que arrojó en su estimación una gran reducción de las reservas petroleras explotables, dando lugar a la disminución del precio de la empresa estatal antes de la venta.

A pesar de haberse desprendido de YPF en 1990 el Estado argentino consiguió un comprador recién en 1998, este adquisidor seria Repsol S.A, una empresa de origen español y de similar pasado privatista que la empresa argentina.

Resulta sorprendente que la compañía que llegó a tener más de 50.000 empleados nucleados por SUPE (Sindicato Unidos Petroleros de Estado), hoy emplee a poco más de 5.000 personas y gane más de 500 millones de dólares por año.

El Decreto Nº 2.778 del Poder Ejecutivo Nacional del 31 de diciembre de 1990 fue el que dio lugar a tal atroz privatización, convirtiendo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales en una sociedad anónima, asumiendo el Estado toda la deuda de la empresa. Esta medida fue votada por los justicialistas y por la obsecuencia de la UCR, aún a pesar de la denuncia de Luis Saadi acerca de la coima de 8 millones de dólares en el Senado. Luego de la aprobación el Ministro del Interior menemista, José Manzano, declaró que el petróleo pasaría a manos de las provincias, que YPF cotizaría en bolsa y que todos los beneficios se otorgarían a los jubilados, evidentemente la hipocresía no se hizo esperar.



Presente de YPF y función del Estado


En la actualidad, pleno siglo XXI, podríamos decir que las políticas privatistas se profundizaron, en el año 2006 se aprobó la ley 26.154 que amplía los beneficios impositivos de las petroleras y las gasíferas. La renovación de la concesión del Yacimiento de Cerro Dragón a British Petroleum, Amoco y Bulgheroni es un claro ejemplo de esta realidad.

Tal como lo expresa el cineasta Fernando “Pino” Solanas en su documental Memoria del saqueo, si se aplicara firmemente la ley de hidrocarburos, caerían la mayoría de las concesiones, debido a que las multinacionales extraen de los pozos sin control alguno, mantienen las tarifas más altas del mundo y pagan las regalías de las más bajas.

La estafa al país se inicia desde el momento en que se les regala el valor de las reservas, las instalaciones y los obreros que poseían las plantas, siendo que la mayoría de estas empresas viven del crédito que dejó el Estado argentino en infraestructura.

El desmantelamiento y las fraudulentas privatizaciones que se han realizado sin inventario alguno, dieron lugar a un alto nivel de desocupación, dejando pueblos aislados y desolados, donde uno de los más grandes frutos que dió YPF fue el progreso social que habían alcanzado sus trabajadores en ciudades como Caleta Olivia, Cutral-Có, Comodoro Rivadavia, etc., sin contar el enorme desarrollo de gasoductos, acerias, usinas y caminos.

Las ventajas impositivas, los sobreprecios, las condonaciones de multas, la pesificación de las deudas en dólares, las prórrogas de concesión y los incumplimientos de obras por parte de las empresas son algunas de las tantas aberraciones que cometió el neoliberalismo en Argentina, ausentando al Estado a tal extremo que el proceso de recuperación se fue tornando cada vez más difícil a causa del desarme estructural de las empresas privatizadas y a los enormes pasivos adosados a ellas.

Así como explica Oszlak el proceso de transmutación y subestimación del Estado durante la década del `90, podríamos decir que este fenómeno también se aplica, quizás en menor medida, en la actualidad. La minimización y virtual ausencia del aparato estatal lo ha llevado a una literal reducción de su papel. Este fenómeno no posee nada negativo excepto por el constante saboteo al desarrollo sustentable, a la gobernabilidad democrática y a la equidad distributiva, es por eso que la ausencia del Estado deja ver un incumplimiento de ciertos roles que al no ser asumidos, provocan sistemáticamente el deterioro de las condiciones de vida de los sectores sociales mas vulnerados. Las representaciones estatales no contraídas quedaron a la deriva en el renombrado juego del mercado, condición sine qua non del neoliberalismo, al igual que el papel represivo encarnado por la fuerza estatal malinterpretando las teorías weberianas.

Las funciones del Estado, entre las que se encuentran la regulación de la economía, la distribución de las riquezas, y por sobre todas las cosas, la protección de los sectores sociales mas débiles, han sido durante las ultimas décadas singularmente olvidadas y/o delegadas. Sin embargo, se puede notar una fervorosa presencia estatal en asuntos relacionados con inversiones, así como también facilitar condiciones de trabajo a los grandes empresarios. La limitada participación de los gobiernos a lo largo de la historia se ha hecho notar en actitudes como la de no intervenir frente al despojo y el saqueo de las industrias nacionales y de los recursos, la de aparentar una fuerte presencia ante los poderosos y declarar una lastimosa debilidad frente a los pobres y los más endebles, abriendo cada vez más la brecha existente entre las clases, donde los pobres son cada vez más pobres, y los ricos se enriquecen aún más.