El inicio de lo que vendrá

Por Damián Duarte //

La sanción de la nueva Ley de Medios Audiovisuales ha generado grandes controversias tanto en el ambiente de la comunicación social como en la población en sí. La “ley K” o “ley mordaza”, fueron los términos o denominaciones más utilizados por el sector opositor para generar un cierto tono despectivo ante el nuevo decreto.


Por parte del oficialismo, su discurso remite a que el país “necesitaba cambiar la ley de la dictadura”, que se debía acabar con la presión monopólica de las grandes cadenas mediáticas, y que era menester ampliar el rango de información dando lugar así, a una mayor pluralidad de voces.

Lo que resulta extraño es el llano análisis que han realizado algunos profesionales de la información sobre este asunto, anclándose en teorías conspirativas del kirchnerismo y centrando su foco en tácticas políticas en vez de divulgar a la sociedad cuáles eran los verdaderos cambios.

La antigua ley, firmada por Jorge Rafael Videla y Martínez de Hoz, entre otros, manifestaba sintéticamente que la libertad de expresión se encontraba restringida y limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional (la cual, claro está, ellos determinaban), mientras que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza el derecho universal a la información apoyándose en el artículo 13 de de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con respecto a los monopolios, la piedra en el zapato del actual gobierno, la antigua ley expresa que “se admiten los monopolios y los oligopolios de medios. El Estado tiene una participación subsidiaria, ya que sólo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados”. En cambio, la nueva ley proporciona un giro de 180º e impide la creación de monopolio u oligopolios, y fomenta el pluralismo del espectro comunicacional.

En lo concerniente a los plazos de las licencias no se observan grandes cambios, a saber: la ley 22.285 (ley antigua) afirmaba que las licencias serían de quince años pero que se admitirían prorrogas de diez años más. Por su parte la nueva ley sólo otorgará licencias por diez años y, al igual que la anterior, se podrán prorrogar por diez años más mediante Audiencias Públicas.

Por otra parte, la ley del proceso de reorganización nacional propugnaba la formación de sociedades para esconder la verdadera titularidad de las licencias, mientras que la actual “ponderará criterios de idoneidad y arraigo en la actividad”, y agrega que serán excluidos aquellos que hayan sido funcionarios de algún gobierno de facto, dando prioridad a la vida democrática y al Estado de Derecho.

Estos muchos otros puntos resultan interesantes para notar cual es verdadero cambio, alejándonos de las maniobras políticas y centrando en análisis en cual es el mayor beneficio para la sociedad en general, una sociedad que necesita estar informada para que, desde su lugar, inicie el cambio.