marca seguramente un momento importante
en la historia de la justicia penal:
su acceso a la ‘humanidad’ ”.
Michel Foucault.-
Por Damián Duarte
La realidad argentina muestra invariablemente, desde hace ya algunas décadas, un grave deterioro en el sistema carcelario, tema olvidado tanto por los medios de comunicación como por quienes detentan el poder. Casos de gatillo fácil, represión carcelaria, asesinatos y posteriores encubrimientos por parte de los que dirigen las penitenciarias, son hechos recurrentes a los cuales gran parte de la sociedad suele restarle importancia.
Si se ejerciera una profunda investigación al sistema nombrado anteriormente, los datos arrojados evidenciarían las enormes irregularidades y violaciones a los Derechos Humanos, activadas por la fuerza de seguridad del Estado. En el hipotético caso de una indagación sobre esta realidad, también se podrían identificar la gran cantidad de presos políticos existentes, modalidad que causó estragos en la sociedad durante el Proceso de Reorganización Nacional donde abundaban las acciones inconstitucionales, donde se apresaba, torturaba y asesinaba sin reparo a militantes y dirigentes de partidos políticos, entre otros, con ideas opuestas al gobierno de facto. El artículo 14 de la Constitución fue atrozmente violado debido a que se castigó impunemente a los actores antes nombrados, los cuales intentaban expresar sus ideas, aunque de más este decir que ante la imposición de un régimen de aquellas características, la Constitución queda íntegramente vedada.
En la actualidad, en pleno ejercicio de la democracia y bajo un gobierno autodenominado defensor de los derechos humanos, podemos ver el caso de Luciano Arruga de 16 años, desaparecido el 31 de enero luego de haber estado detenido en el destacamento policial de Lomas del Mirador, el grito por su aparición con vida, encarnado por sus familiares y amigos, se hace escuchar cada vez con más fuerza. En este caso se ejerce claramente una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional, donde entre otras cosas, se expresa que “…ninguna persona puede ser arrestada sino en virtud de orden escrita de autoridad competente…”.
Volviendo al tema de la situación carcelaria, se puede notar las condiciones de hacinamiento en las que viven los reclusos, ya sea el problema de superpoblación, el hostigamiento por parte de los guardiacárceles, o los cientos de detenidos inocentes apresados por el mal accionar judicial, es decir, que nuevamente se puede notar la inobservancia del artículo 18 en el que se manifiesta que las cárceles deben ser limpias y sanas y deben ser utilizadas para seguridad y no para castigo de los presos. Hoy en día cabe preguntarse si estas instituciones, que deben garantizar la reinserción social de los reclusos, continúan respetando los derechos humanos.
Entre las abundantes irregularidades, vale destacar el artículo 3 del Código Electoral que, entre otras cosas, indica que los presos condenados se encuentran inhabilitados de emitir sufragio en elecciones, es decir, este precepto se contradice con el articulo 37 de la Constitución Nacional donde se dicta que el voto es universal, igual, secreto y obligatorio.
También es digno de mencionar la irrupción del sistema capitalista en las prisiones, donde los reos con poder político o dinero en abundancia, no se ven sometidos a las deplorables condiciones sanitarias y de hábitat de los presos comunes, sino que se encuentran alojados en confortables mansiones rodeados de lujos. Esto demuestra una avanzada desigualdad a la hora de calificar a quienes están privados de su libertad, calificación que, desde ya, nunca debería haber existido.
Como conclusión, es valido manifestar el olvido y la desconsideración del sistema carcelario, esto se puede observar en las mediatizadas y lamentables (cualitativamente hablando) campañas políticas, donde los candidatos suelen detraer significación a esta temática excluyéndola de sus plataformas. Los reclusos, deben ser considerados como seres humanos que cometen errores, los cuales obtienen como pena la prisión. Dicho esto, es menester, como sociedad y Estado establecido que somos, instaurar en el consciente colectivo de los argentinos que los presos merecen tener la capacidad de elegir a sus gobernantes, quienes velarán por su seguridad, sus derechos y su ambiente.
La realidad argentina muestra invariablemente, desde hace ya algunas décadas, un grave deterioro en el sistema carcelario, tema olvidado tanto por los medios de comunicación como por quienes detentan el poder. Casos de gatillo fácil, represión carcelaria, asesinatos y posteriores encubrimientos por parte de los que dirigen las penitenciarias, son hechos recurrentes a los cuales gran parte de la sociedad suele restarle importancia.
Si se ejerciera una profunda investigación al sistema nombrado anteriormente, los datos arrojados evidenciarían las enormes irregularidades y violaciones a los Derechos Humanos, activadas por la fuerza de seguridad del Estado. En el hipotético caso de una indagación sobre esta realidad, también se podrían identificar la gran cantidad de presos políticos existentes, modalidad que causó estragos en la sociedad durante el Proceso de Reorganización Nacional donde abundaban las acciones inconstitucionales, donde se apresaba, torturaba y asesinaba sin reparo a militantes y dirigentes de partidos políticos, entre otros, con ideas opuestas al gobierno de facto. El artículo 14 de la Constitución fue atrozmente violado debido a que se castigó impunemente a los actores antes nombrados, los cuales intentaban expresar sus ideas, aunque de más este decir que ante la imposición de un régimen de aquellas características, la Constitución queda íntegramente vedada.
En la actualidad, en pleno ejercicio de la democracia y bajo un gobierno autodenominado defensor de los derechos humanos, podemos ver el caso de Luciano Arruga de 16 años, desaparecido el 31 de enero luego de haber estado detenido en el destacamento policial de Lomas del Mirador, el grito por su aparición con vida, encarnado por sus familiares y amigos, se hace escuchar cada vez con más fuerza. En este caso se ejerce claramente una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional, donde entre otras cosas, se expresa que “…ninguna persona puede ser arrestada sino en virtud de orden escrita de autoridad competente…”.
Volviendo al tema de la situación carcelaria, se puede notar las condiciones de hacinamiento en las que viven los reclusos, ya sea el problema de superpoblación, el hostigamiento por parte de los guardiacárceles, o los cientos de detenidos inocentes apresados por el mal accionar judicial, es decir, que nuevamente se puede notar la inobservancia del artículo 18 en el que se manifiesta que las cárceles deben ser limpias y sanas y deben ser utilizadas para seguridad y no para castigo de los presos. Hoy en día cabe preguntarse si estas instituciones, que deben garantizar la reinserción social de los reclusos, continúan respetando los derechos humanos.
Entre las abundantes irregularidades, vale destacar el artículo 3 del Código Electoral que, entre otras cosas, indica que los presos condenados se encuentran inhabilitados de emitir sufragio en elecciones, es decir, este precepto se contradice con el articulo 37 de la Constitución Nacional donde se dicta que el voto es universal, igual, secreto y obligatorio.
También es digno de mencionar la irrupción del sistema capitalista en las prisiones, donde los reos con poder político o dinero en abundancia, no se ven sometidos a las deplorables condiciones sanitarias y de hábitat de los presos comunes, sino que se encuentran alojados en confortables mansiones rodeados de lujos. Esto demuestra una avanzada desigualdad a la hora de calificar a quienes están privados de su libertad, calificación que, desde ya, nunca debería haber existido.
Como conclusión, es valido manifestar el olvido y la desconsideración del sistema carcelario, esto se puede observar en las mediatizadas y lamentables (cualitativamente hablando) campañas políticas, donde los candidatos suelen detraer significación a esta temática excluyéndola de sus plataformas. Los reclusos, deben ser considerados como seres humanos que cometen errores, los cuales obtienen como pena la prisión. Dicho esto, es menester, como sociedad y Estado establecido que somos, instaurar en el consciente colectivo de los argentinos que los presos merecen tener la capacidad de elegir a sus gobernantes, quienes velarán por su seguridad, sus derechos y su ambiente.
0 Amigos me gritaron al oido...:
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