Mentiras piadosas

Por Gómez Analía

Siete años atrás, más precisamente el 26 junio de 2002, en un país donde la desocupación, la pobreza, la canasta básica y los piquetes aumentaban, se produjo el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, por parte de la Policía Bonaerense. Cabe recordar que en aquél momento había un gobierno de transición a cargo de Eduardo Duhalde.
De la manifestación participaron varios movimientos sociales que marchaban en forma pacífica reclamando, legítimamente, derechos básicos como son el trabajo, la comida y una vivienda digna. Pero la Policía Federal, la Policía Bonaerense, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval los estaba esperando y teniendo en cuenta el saldo que dejó el enfrentamiento, la utilización de balas de plomo y un despliegue que hasta contaba con la presencia de policías de civil, demuestra que el objetivo explícito era reprimir y matar.
Esto último señala una fuerte coerción, entendida como represión, y un exceso de poder por parte de aquellas autoridades que supuestamente están al servicio de la comunidad y deben brindar seguridad a los ciudadanos. Además exhibe un importante antagonismo con la definición que ofrece Max Weber del Estado, a saber: “Comunidad humana que reclama (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado” . El término “legítimo” implica la idea de consenso pero sin duda no hubo un acuerdo consentido entre víctimas y victimarios.
Por otra parte, el accionar policial fue avalado y ocultado por el gobierno vigente que en sus declaraciones enunciaba que las muertes habían sido producto de un enfrentamiento entre los grupos piqueteros, intentando dejarlos ante la sociedad como los violentos de siempre desligándose así también de la responsabilidad que le recaía ante este caso de conmoción interior. Colaboró con la creación de tal perfil la imagen del colectivo prendiéndose fuego y la de los piqueteros con palos, construyendo así en el imaginario social la figura agresiva de los manifestantes y la de una policía desbordada por el vandalismo.
Pero no sólo los policías que alzaban los cartuchos de las balas de plomo y el gobierno con sus dichos intentaron encubrir la masacre de Avellaneda sino que hubo un importante ocultamiento de la verdad por parte de Clarín, uno de los medios más poderosos y monopólicos que existe, a partir de un título que enunciaba: “La crisis causó 2 nuevas muertes”. De esta manera se lograba, el primer día, una desinformación sobre los hechos sucedidos cuando desde el comienzo, a partir del material fotográfico y los testigos, se conocía que la causante de las muertes no había sido la crisis.
En conclusión, a pesar del encubrimiento no inocente por parte de los diferentes actores, el Comisario Alfredo Fanchiotti y el Cabo Alejandro Acosta fueron detenidos gracias al material periodístico que los mostraba disparando contra los manifestantes, pero aún, y por esas diferencias que se suscitan a la hora de hacer cumplir la ley, aquellos que dieron la orden de que ese día se reprimía continúan en libertad, algunos con cargos políticos en la actualidad y otros que desean volver.