Al gran pueblo argentino, ¡salud!

Por Gómez Analía

A través de la historia y en la actualidad, estando vigente un régimen democrático, presenciamos a diario la vulneración de ciertos artículos de la Constitución Nacional de la cual se desprenden los derechos y garantías cuyo cumplimiento está a cargo del Estado.
Ahora bien, Max Weber define a la democracia de la siguiente manera: “Democracia puede significar cosas enormemente dispares. Aunque, bien mirado, sólo viene a significar esto: que no existe ninguna desigualdad formal en cuanto a los derechos políticos entre las distintas clases de la población”.
Teniendo en cuenta la afirmación precedente se tomarán como ejemplos los artículos 14 bis, 15 y 18 cuya violación se puede ver reflejada en hechos de la actualidad.
El incumplimiento del primero se puede observar, por ejemplo, en la existencia de talleres clandestinos, donde los trabajadores no sólo exceden ampliamente la jornada limitada, llegando a trabajar 14 horas diarias o más, sino que a su vez moran en estos espacios en circunstancias paupérrimas, descansando bajo el llamado sistema de “cama caliente” y compartiendo el baño con un gran número de compañeros.
Por otra parte, apelando a la teoría marxista, no pueden darse las condiciones equitativas de labor debido a que nos hallamos bajo un régimen capitalista en donde existe un monopolio de los medios de producción generando así que la clase trabajadora se vea obligada a vender su fuerza de trabajo sometiéndose a dicho sistema. A su vez, surge del sentido común, la imposibilidad de la participación en las ganancias de las empresas por parte del trabajador, derecho que también emana del mismo artículo.
Esta situación no es un hecho aislado ni desconocido ya que la Defensoría del Pueblo y la Fundación Alameda (organización que persigue talleres clandestinos) reciben 3 o 4 denuncias por día. El problema es que detrás de este negocio está quien dirige el taller donde se explotan, en su mayoría, trabajadores de nacionalidad boliviana, la Policía Federal que, conociendo esta actividad ilegal, la ampara por medio del recibimiento de coimas y algunas grandes marcas que pagan miserias por la confección de las prendas y luego las venden en sumas exorbitantes.
A raíz de esta realidad y de la participación de cada uno de estos actores se vislumbra una oposición de intereses donde los explotados tienen miedo de realizar denuncias por su condición ilegal y los explotadores los amenazan con deportarlos, subsumiéndolos y logrando su fin último que es, solamente, obtener ganancias.
Este empleo podríamos catalogarlo como trabajo en negro, entendido como aquel que resulta clandestino por su falta o inexacta registración, pero también puede ser clasificado como esclavo contraponiéndose a lo que dictamina el artículo 15 que enuncia el derecho de que en la Nación Argentina no hay esclavos y que la compra – venta de personas es un crimen. En relación a esto último cabe preguntarse ¿qué sucede con la trata de personas existente hoy en día?
. En concordancia con este tema, el Secretario General Adjunto de la OEA (Organización de los Estados Americanos), Albert Ramdim expresó: “Es una violación de los derechos humanos manifestada bajo distintas formas de explotación de víctimas en trabajo forzado, turismo sexual, servicio doméstico, conflictos armados, adopciones ilegales, y tráfico ilegal de órganos".
Este negocio que incluye a las víctimas, los reclutadores y los clientes en el caso de la prostitución, lleva a la cosificación de las personas, transformándolas en mercancías que se intercambian con total impunidad y sin respetar los derechos individuales.
El desarrollo de esta actividad se debe mayormente a la complicidad por parte de la Policía, a la constante demanda y silencio de quienes consumen el servicio y en especial al mal accionar de la justicia que no destina investigaciones apropiadas para desbaratar estas organizaciones criminales. Un ejemplo que avala esta afirmación es el de Susana Trimarco que, ante la desaparición de su hija Marita y la falta de compromiso de las autoridades judiciales, decidió ella misma emprender la búsqueda logrando así denunciar varias redes de prostitución y liberar a algunas de estas “neoesclavas”.
La falta de idoneidad del Poder Judicial también se ve reflejada en el caso de Osvaldo Gómez, acusado de ser un violador serial. Ante este hecho se infringió claramente el artículo 18 debido a que el joven de 28 años estuvo en prisión durante siete meses sin justa causa y por un sinnúmero de irregularidades en el debido proceso, a saber: lo detuvieron por averiguación de antecedentes, fue confundido con el verdadero violador por tener puesta una remera roja, no se le permitió llamar a un abogado, se le informó a la familia sobre su paradero un día después, la secretaria del Juez inducía a las víctimas para que lo señalaran en la rueda de reconocimiento, 24 horas después fue trasladado al penal de Marcos Paz sin juicio previo y sin realizarle siquiera un examen de ADN.
Estando en democracia, todos estos casos reflejan una realidad en la cual existe una falta de compromiso por parte de quienes nos representan y un desconocimiento de la Constitución Nacional del Estado en general.
La falta de políticas públicas en relación a estos temas dejan entrever una carencia de representación que en términos de Claude Lefort es: “un conjunto de instituciones cuyos miembros están habilitados a deliberar a los efectos de decidir sobre los asuntos públicos, en nombre de aquellos a quienes se les reconoce el derecho de otorgarles mando”.
El real cumplimiento de los artículos citados y de cada uno de los que componen la ley suprema harían posible una verdadera democracia que según Weber, entre sus características, debería tener una suficiente instrucción y práctica de los ciudadanos en la determinación objetiva de los medios y fines apropiados, es decir, la capacitación para ser un ciudadano, ejercer derechos y obligaciones. Pero para que esto ocurra en primer lugar hace falta que los ciudadanos tengamos la posibilidad de participar, lo cual significa “sentir que se es parte y que se tiene derecho a tener derechos”.